Análisis de los programas electorales en viviendas turísticas, tasas turísticas, financiación de municipios, sostenibilidad, absentismo, autónomos, salario mínimo, jornada laboral, fijos discontinuos, negociación colectiva, contratación y despidos
HOSTELTUR - XAVIER CANALIS - 20 de Noviembre de 2.026
A diez días de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en España, el turismo no está en el centro del debate político, pero puede acabar siendo víctima de la campaña electoral, como ha sucedido en anteriores convocatorias. Y es que, cuando la conversación gira hacia los problemas para acceder a la vivienda, la masificación de los espacios urbanos, el cambio climático o la precariedad del mercado laboral, la actividad turística corre el riesgo de recibir daños colaterales y verse señalada como culpable de muchos males. El análisis comparado de los programas electorales de PSOE y PP -uno de los dos determinará el rumbo de la política turística y económica de España en los próximos años- permite comprobar cómo abordan ambas formaciones estos frentes.
El programa del Partido Popular define el turismo y la hostelería como uno de los grandes motores de la economía nacional y orienta su estrategia a ganar en valor, productividad y calidad. El objetivo declarado de los populares es generar mayor gasto por visitante, atraer inversión, crear empleo estable y desestacionalizar la actividad durante todo el año. Para ello, proponen facilitar que hoteles, bares, restaurantes y comercios incorporen tecnología y modernicen su oferta, defendiendo que España puede recibir visitantes y garantizar el bienestar ciudadano mediante un turismo mejor distribuido territorialmente. Asimismo, el PP presta especial atención a la conectividad aérea y marítima en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla mediante obligaciones de servicio público y la adecuación de los aeropuertos insulares a la demanda.
Por su parte, el PSOE plantea un modelo de crecimiento económico que combine competitividad con cohesión social y sostenibilidad, alejándose de lo que denominan competir con precariedad. En el ámbito territorial, los socialistas vinculan la gestión turística a la corrección de desequilibrios, proponiendo actualizar los mecanismos de cohesión como el Fondo de Compensación Interterritorial para atender específicamente las "externalidades asociadas al turismo masivo", además de la insularidad y la despoblación. También apuestan por el desarrollo pleno del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y por reforzar la red ferroviaria de Cercanías, Media Distancia y los corredores Mediterráneo y Atlántico para mejorar la intermodalidad y conectividad del país.
El PP incluye una propuesta explícita en su programa electoral para "modernizar el IMSERSO" dentro de su bloque dedicado a la autonomía de los mayores, con el objetivo de garantizar la atención presencial y asegurar que puedan elegir cómo y dónde vivir, viajar y recibir cuidados.
El PSOE no recoge una propuesta específica para viajes del Imserso. En su lugar, encuadra sus medidas de envejecimiento activo y movilidad senior en una Estrategia Nacional para la Nueva Longevidad, orientada a fomentar un envejecimiento saludable, autónomo e inclusivo, la lucha contra la soledad no deseada y la prevención de la dependencia.
La regulación de los alojamientos turísticos representa uno de los puntos de mayor fricción entre ambas formaciones. El PSOE sitúa la prioridad absoluta en la función social de la vivienda y promete intervenir el mercado para frenar su acumulación especulativa y priorizar el uso residencial frente al turístico. Entre sus compromisos figura la creación de un impuesto progresivo contra la especulación que gravará las viviendas de grandes propietarios y fondos buitre que no se destinen a alquiler residencial asequible, incluyendo explícitamente aquellas dedicadas a fines turísticos o vacías. Además, los socialistas proponen reforzar las inspecciones públicas en las zonas de mercado residencial tensionado para perseguir el fraude en los alojamientos de corta duración y limitar en dichas áreas la implantación de nuevos usos no residenciales, tras haber habilitado a las comunidades de vecinos para prohibir los pisos turísticos en sus fincas.
El PP adopta una postura diametralmente opuesta, basada en la liberalización del mercado y el aumento de la oferta. Los populares anuncian la derogación de la actual Ley de Vivienda, eliminando las zonas tensionadas y el índice de precios al considerar que introducen intervención, incertidumbre y reducen la oferta. Aunque su programa no establece restricciones específicas contra las viviendas de uso turístico, sí plantea construir un millón de viviendas movilizando suelo público y privado, agilizar las licencias urbanísticas con silencio positivo a los tres meses y aplicar un IVA superreducido del 4% a la rehabilitación de vivienda habitual para recuperar edificios degradados y cascos históricos.
En materia impositiva sobre las estancias, el PSOE incluye un compromiso explícito para habilitar un marco estatal que permita a los ayuntamientos que lo deseen aplicar un impuesto o recargo sobre las pernoctaciones en viviendas de uso turístico, respetando los tributos autonómicos ya existentes. Según el programa socialista, esta herramienta permitirá a los consistorios gestionar mejor la presión turística y obtener recursos adicionales para financiar servicios públicos, movilidad, limpieza, sostenibilidad urbana, conservación del patrimonio y políticas de vivienda. A ello se suma una tasa específica a los viajes de lujo con fuerte huella de carbono, que gravará los megayates a través de los amarres en puertos deportivos, los vuelos privados y los billetes en clase business con salida desde España.
El Partido Popular, fiel a su línea de contención fiscal y eliminación de tributos que considera que frenan la inversión o encarecen la actividad, no contempla la creación de tasas turísticas estatales ni recargos municipales sobre las pernoctaciones en su programa electoral.
Los problemas de financiación de los ayuntamientos de municipios turísticos ante el incremento estacional de población son abordados por ambos partidos desde ópticas complementarias en el diagnóstico, pero distintas en la ejecución.
El PP propone un nuevo sistema de financiación local estable y coordinado con el autonómico en el que el reparto de transferencias y tributos locales o cedidos tenga en cuenta explícitamente la población estacional y la dispersión poblacional. Además, los populares plantean reformar la Ley de Residuos para que los ayuntamientos puedan decidir libremente sobre la tasa de basuras, permitirles utilizar sus ahorros y destinar ayudas directas a municipios de menos de 250 habitantes para sostener servicios básicos (agua, residuos, alumbrado) que permitan atender los aumentos de población durante las vacaciones.
El PSOE se compromete a garantizar una financiación local suficiente y justa adaptada a las distintas realidades territoriales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares), con especial apoyo a los consistorios con mayores dificultades financieras. Paralelamente, vincula la obtención de ingresos extra en destinos turísticos a unatasa municipal sobre pernoctaciones en viviendas vacacionales, además de impulsar un nuevo sistema de financiación autonómica con 21.000 millones de euros adicionales y la asunción parcial de 83.000 millones de deuda autonómica para liberar recursos destinados a servicios públicos.
El programa electoral del PSOE propone "impulsar un modelo de turismo sostenible y resiliente, promoviendo la eficiencia hídrica y energética y la adaptación de los destinos a los efectos del cambio climático". También propone combatir "las externalidades asociadas al turismo masivo" mediante mecanismos de cohesión y convergencia territorial.
El PP vincula la sostenibilidad a la seguridad jurídica y la mejora de infraestructuras básicas. Propone aprobar una nueva Ley de Costas con reglas claras que dé seguridad a quienes tienen un negocio en el litoral y permita recuperar el patrimonio marítimo en desuso para usos compatibles con su protección. Asimismo, prioriza la conservación y el mantenimiento de las redes de transporte, agua y energía por delante de nuevas obras, y plantea abaratar el recibo energético eliminando el impuesto del 7% a la producción eléctrica.
Ambos programas coinciden en el valor estratégico de la cultura y la gastronomía como activos de proyección internacional. El PP propone impulsar la promoción exterior de la cultura, el patrimonio, el turismo, la gastronomía y el deporte para aumentar la influencia de España en el mundo. Para ello, plantea dar un impulso nacional e internacional a los museos estatales (como el Prado o el Reina Sofía), aprobar una nueva Ley de Mecenazgo con mayores incentivos fiscales, proteger las fiestas y tradiciones populares -incluyendo la restitución del Premio Nacional de Tauromaquia- y situar el español y las lenguas cooficiales como ejes de la diplomacia cultural.
El PSOE vincula la proyección internacional de la gastronomía española al apoyo al sector primario, fomentando los canales cortos de comercialización, la venta de proximidad y una Estrategia Nacional de Alimentación Ecológica como motores de desarrollo económico y turístico.
Más allá de las políticas sectoriales de turismo, los programas electorales del PP y PSOE plantean medidas muy diferentes en regulación laboral y económica que pueden afectar a la rentabilidad y operativa diaria de las empresas turísticas, muchas de ellas caracterizadas por su alta intensidad en mano de obra, estacionalidad y fuerte presencia de pymes y autónomos.
El PP aborda el problema de las bajas laborales proponiendo atajar el absentismo injustificado y perseguir el fraude en el cobro de prestaciones. Para ello, plantea reforzar los medios de la Seguridad Social y el papel de las mutuas con el fin de agilizar la gestión de la incapacidad temporal, mejorar el intercambio de información y crear un sistema que premie a las empresas que mejor gestionen estas bajas, garantizando al mismo tiempo hasta el 100% de la base reguladora para enfermos graves y de larga duración.
El PSOE plantea un enfoque opuesto respecto a la gestión de las bajas: propone integrar las mutuas colaboradoras en la gestión pública de la Seguridad Social, reformando su naturaleza jurídica para convertirlas en entidades gestoras del sistema bajo control público. Asimismo, los socialistas ponen el foco en la prevención de la salud mental en el trabajo, obligando a evaluar y corregir el estrés crónico, la sobrecarga y las jornadas prolongadas.
La captación y cualificación de talento es una prioridad compartida, especialmente relevante para un sector con déficit de perfiles cualificados. El PP aspira a convertir a España en un referente mundial en formación vinculada al turismo. En el plano general, propone ampliar las plazas de FP en ciclos con alta empleabilidad mediante un Mapa Nacional de la FP, unificar las reglas de la FP dual en toda España para que llegue a empresas de cualquier tamaño, otorgar incentivos fiscales a las compañías que formen alumnos y crear un "cheque de formación" individual ligado al trabajador -financiado con las cuotas actuales- para recualificarse en inteligencia artificial y nuevas tecnologías.
El PSOE defiende el modelo de la Ley de FP y propone ampliar las plazas públicas de FP Básica, Media y Superior, incrementar las becas de movilidad y alojamiento, y reforzar la red de centros de excelencia y el sistema de microcredenciales para la recualificación continua. Además, pone especial énfasis en adaptar las titulaciones a sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o la transición energética.
Para los trabajadores por cuenta propia, muy numerosos en la restauración, el comercio y los servicios turísticos, el PP promete eliminar trabas y aliviar cargas: plantea bonificar al 100% la cuota durante dos años a los autónomos que vuelvan a la actividad tras un permiso por nacimiento (cubriendo también los periodos de lactancia en las mujeres), bonificar la cuota desde el primer día de baja en caso de enfermedad grave, ampliar los supuestos para cobrar la prestación por cese de actividad reduciendo la burocracia y ampliar los umbrales de la Ley de Segunda Oportunidad.
El PSOE apuesta por consolidar y profundizar el sistema de cotización por ingresos reales. Entre sus compromisos figuran actualizar el Estatuto del Trabajo Autónomo para adaptarlo a las nuevas profesiones, simplificar el acceso al cese de actividad, adaptar la prevención de riesgos laborales al colectivo, extender los permisos retribuidos por cuidados a los autónomos y desarrollar la pasarela al RETA para los profesionales procedentes de mutualidades alternativas.
En materia retributiva, el PSOE plantea blindar por ley el SMI por encima del 60% del salario medio y actualizarlo periódicamente según los precios, los salarios y la productividad, prohibiendo además que las subidas queden neutralizadas mediante la absorción de complementos salariales. También promete mantener exentas de tributación en el IRPF las rentas más bajas para que las subidas del SMI no conlleven mayor carga fiscal, e impulsar un sello de Empresa con Productividad Compartida con ayudas para pymes que vinculen mejoras salariales a la productividad.
El PP no incluye compromisos específicos sobre la cuantía o el blindaje legal del SMI en los extractos analizados, centrando su discurso económico en la reducción de impuestos, el alivio de cargas burocráticas y el incentivo a la estabilidad laboral y la productividad empresarial.
El PSOE se compromete a aprobar una nueva Ley de Negociación Colectiva para reforzar el papel de los sindicatos y las organizaciones empresariales, modernizar los mecanismos de negociación y garantizar el equilibrio en las relaciones laborales. Además, propone impulsar un Pacto de Estado por los salarios reforzando los acuerdos interconfederales (AENC), elevar a rango legal el Observatorio de Márgenes Empresariales junto a un nuevo Observatorio de Salarios y Productividad, y desarrollar el artículo 129.2 de la Constitución para fomentar la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas.
El PP recurre al marco del diálogo social para cuestiones como la ampliación de permisos por nacimiento, la gestión de la incapacidad temporal o la adaptación laboral a la inteligencia artificial, pero evita intervenciones legislativas que alteren la estructura actual de la negociación colectiva o impongan fórmulas de cogestión empresarial.
La organización del tiempo de trabajo marca otra frontera nítida entre ambas formaciones, con un impacto directo en los turnos de hostelería y alojamiento.
El PSOE promete completar la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales sin pérdida salarial (con periodos transitorios para facilitar su aplicación en las pymes) e incentivar en la negociación colectiva el avance hacia las 35 horas. A ello suma una Ley de Usos del Tiempo de Trabajo, la implantación de un registro horario digital fiable para erradicar las horas extra ilegales y no remuneradas, el refuerzo de la Inspección de Trabajo y la ampliación del derecho a adaptar o reducir la jornada para el cuidado de menores hasta los 16 años.
El PP no plantea una reducción legal de la jornada máxima, sino medidas de flexibilidad interna. Los populares proponen extender el uso de los bancos de horas para que los trabajadores con hijos o personas dependientes a cargo puedan acumular y recuperar horas dentro de márgenes acordados, facilitando horarios flexibles de entrada y salida y el teletrabajo cuando el puesto lo permita.
En política de contratación, el PP propone que las empresas que mantengan plantillas más estables que la media de su sector coticen menos por desempleo. En relación con una figura clave en el turismo como es el contrato fijo discontinuo, los populares exigen publicar mensualmente, junto al paro registrado, cuántos trabajadores fijos discontinuos se encuentran en periodo de inactividad para reflejar el dato real de desempleo. También plantean incentivos para contratar a trabajadores con hijos pequeños, agilidad en la contratación en origen y visados por puntos para cubrir vacantes en sectores con falta de mano de obra.
El PSOE defiende la figura del fijo discontinuo como el pilar central de su reforma laboral para transformar empleos estacionales precarios en relaciones laborales estables e indefinidas. Destaca que el uso de esta modalidad ha permitido reducir la tasa de temporalidad (pasando del 20,4% al 15,4%). Los socialistas también propone endurecer la regulación del contrato a tiempo parcial para combatir la parcialidad involuntaria: exigirá justificar de forma precisa por qué no se formaliza un contrato a jornada completa y convertirá automáticamente en contratos a tiempo completo aquellos cuya jornada pactada (incluidas horas complementarias) supere el 80% de la jornada ordinaria. Asimismo, los socialistas proponen el Plan Nuevo Rumbo para incentivar la contratación de mayores de 45 años, un Estatuto del Becario que blinde las prácticas remuneradas con derecho a desempleo y el control estricto de la cuota de reserva del 2% para personas con discapacidad.
La regulación de la extinción de contratos presenta enfoques contrapuestos. El PSOE se compromete a reformar el despido improcedente para garantizar una reparación "efectiva, proporcionada y disuasoria" que tenga en cuenta las circunstancias y daños causados al trabajador, adecuando la legislación española a la Carta Social Europea revisada. Además, promete recuperar los salarios de tramitación en los supuestos legalmente establecidos, reforzar la protección frente a despidos discriminatorios y exigir aportaciones económicas a las empresas con beneficios que realicen ERE para compensar el gasto en pensiones por jubilaciones anticipadas involuntarias.
El PP, por su parte, no contempla encarecer ni reformar la indemnización por despido, apostando por reducir los costes laborales mediante bonificaciones a la cotización por estabilidad en el empleo y la eliminación de trabas administrativas a la actividad empresarial.
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