El nuevo Real Decreto 933/2021 que impondrá exigencias de registro y tratamiento de datos preocupa al sector del rent-a-car, que afirma no estar preparado tecnológicamente para su implementación


NOTICIAS CIUDADANAS - 27 de Octubre de 2.024

Las pequeñas empresas de alquiler de vehículos en alerta por la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021

El sector de alquiler de vehículos con y sin conductor se encuentra en una encrucijada debido a la inminente entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, una normativa que requerirá a empresas de servicios turísticos –incluyendo las de alquiler de vehículos, la recolección y el reporte detallado de datos de los usuarios. La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (Feneval), representante de la patronal del rent-a-car, advierte que la mayor parte de las empresas de este sector no están listas a nivel administrativo y tecnológico para asumir estos nuevos requisitos. Con fecha límite de implementación para el 2 de diciembre, la preocupación crece entre las pymes del sector, quienes se enfrentan a serias limitaciones tanto técnicas como económicas para cumplir con la nueva regulación.

Adaptación tecnológica: un desafío costoso y urgente

Desde Feneval, se ha manifestado que el principal obstáculo para los rent-a-car radica en la falta de una infraestructura digital adecuada para procesar el tipo de datos que exige la normativa. En una reciente encuesta realizada por la patronal, el 60% de los socios del sector confirmó experimentar dificultades de acceso y uso de la plataforma diseñada para el registro. Juan Luis Barahona, presidente de Feneval, subrayó que la integración de este sistema supone una carga significativa en términos de costes operativos y tecnológicos para el sector, en su mayoría compuesto por pymes que no disponen de los recursos para financiar una adaptación de este calibre.

La obligatoriedad de realizar tres interfaces diferentes para el reporte de datos, una para cada comunidad autónoma, agrava la situación, provocando que las empresas deban destinar recursos adicionales para cumplir con las regulaciones locales y nacionales. Desde la patronal, se ha considerado este requisito como un “dispendio económico” innecesario, sugiriendo la posibilidad de centralizar la gestión de datos en una única plataforma que respete las competencias transferidas a las comunidades autónomas.

El diálogo con el Ministerio del Interior

Ante las numerosas dificultades que plantea la adaptación, Feneval ha solicitado al Ministerio del Interior una ampliación en los plazos de implementación y la posibilidad de apoyo financiero para que las empresas del sector puedan asumir la inversión en tecnología. Hasta el momento, la patronal no ha recibido una respuesta clara del Gobierno, aunque se espera que las autoridades atiendan la petición de reconsiderar o adaptar el decreto para evitar consecuencias adversas en el sector. Las empresas de alquiler de vehículos sostienen que están dispuestas a trabajar con el Ejecutivo en el desarrollo de una metodología que se ajuste a su estructura operativa, pero enfatizan la necesidad de contar con apoyo y coordinación institucional.

Suspensión del decreto en debate parlamentario

En el marco de estas tensiones, el Congreso de los Diputados abordó recientemente una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Partido Popular, que propone la suspensión temporal del Real Decreto 933/2021. La iniciativa recibió el respaldo mayoritario de los parlamentarios, aunque su aprobación fue parcial. Los puntos aprobados incluyen la solicitud al Gobierno de replantear la aplicación del decreto en el sector del rent-a-car, reconociendo las dificultades logísticas que enfrentan estas empresas y el potencial impacto negativo en su operatividad.

Según la resolución, las empresas de alquiler de vehículos serían una de las primeras candidatas a quedar exentas del decreto, al menos temporalmente, dadas sus limitaciones organizativas y los costos que implica la recolección, almacenamiento y reporte de los datos de los usuarios en la plataforma oficial.

El impacto en las pymes y las posibles soluciones

Para las pequeñas y medianas empresas de alquiler de vehículos, el cumplimiento de los requisitos del Real Decreto podría significar un incremento notable en los costos operativos. Muchas de estas compañías trabajan con márgenes reducidos, por lo que la necesidad de invertir en infraestructura tecnológica adicional podría poner en peligro su viabilidad económica. Desde Feneval, se propone que el Gobierno financie, al menos parcialmente, la implementación de la plataforma tecnológica o, como alternativa, que permita un acceso facilitado a pymes mediante una interfaz unificada.

Además, se plantea la creación de una mesa de diálogo en la que se reúnan representantes del sector, el Ministerio del Interior y la administración tecnológica encargada del sistema para buscar soluciones consensuadas y minimizar el impacto en el sector turístico y en los pequeños negocios.

Posible impacto en el usuario final y el turismo

La implementación de esta normativa también podría influir en el usuario final. Dado que las compañías deberán dedicar tiempo y recursos al registro de datos y a la implementación tecnológica, no se descarta que los precios de alquiler aumenten, en especial en temporadas altas. Esto podría desincentivar a los turistas, quienes ya enfrentan un alza generalizada en los precios de alojamiento y restauración en destinos populares como Valencia. De no tomarse medidas para mitigar el impacto de esta nueva obligación, el turismo local podría experimentar una reducción en la oferta de vehículos de alquiler a precios accesibles, afectando también a otras áreas de la economía regional que dependen del turismo.

El futuro del sector de alquiler de vehículos

Para Feneval y las empresas del rent-a-car, la clave del éxito de esta transición regulatoria reside en una colaboración activa y el apoyo logístico y financiero del Gobierno. La falta de claridad en cuanto a las especificaciones técnicas y los plazos de implementación representa un obstáculo importante para un sector que depende de la eficiencia y agilidad en sus procesos. Con la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021 a la vuelta de la esquina, el futuro de muchas pequeñas empresas de alquiler de vehículos se encuentra en un punto incierto.

Mientras el Gobierno decide sobre la aplicación del decreto, la incertidumbre afecta la planificación operativa del sector en uno de los momentos más críticos del año. La patronal y los operadores del rent-a-car esperan que se les permita una transición gradual y sostenible hacia el nuevo sistema de registro, minimizando el impacto en sus operaciones y en la experiencia de los usuarios.

¿Crees que la implementación de este tipo de regulaciones es necesaria para mejorar la seguridad y el control en el sector, o crees que deberían revisarse para adaptarse mejor a la realidad de las pequeñas empresas?


Ver artículo completo en NOTICIAS CIUDADANAS


Compartir esta noticia

Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web.