El conseller de Movilidad busca un "consenso unánime" tras reunirse con la patronal del alquiler turístico, las navieras o los rent a car
La oposición denuncia que la ciudadanía "sigue sufriendo atascos, saturación y una pérdida evidente de calidad de vida"
DIARIO DE MALLORCA - GUILLEM PORCEL - 24 de Febrero de 2.026
La hemeroteca es terca. El 5 de septiembre de 2023, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, abría la puerta a limitar la entrada de vehículos en Mallorca mediante un estudio de carga y sin descartar "tomar cualquier decisión" para descongestionar y desatascar las carreteras de la isla. Dos años y medio después, en febrero de 2026, el pleno del Consell ha rechazado esa limitación con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Entre el anuncio y el portazo momentáneo han habido promesas de consenso, reproches cruzados y un borrador que sigue sin convertirse en ley.
En mayo de 2025, en el Debate de Política General, Galmés aseguró ante la presidenta del Govern, Marga Prohens, que "en los próximos días" presentaría el borrador para regular la entrada de vehículos y poner tope a los coches que no tributan en la isla, así como a la flota de alquiler. El diagnóstico era claro: la isla soporta en temporada alta más de 100.000 vehículos por encima de su umbral óptimo.
Pero la votación de esta semana evidencia la distancia entre el anuncio y la decisión política. El conseller de Movilidad, Fernando Rubio, defiende que el gobierno insular mantiene un "compromiso inquebrantable" con la regulación, aunque matiza que debe hacerse con acuerdo amplio. "Es perfectamente compatible limitar el número de vehículos de alquiler en nuestra isla con desarrollar políticas que ofrezcan una alternativa viable a los residentes", sostiene, mientras insiste en que el estudio de carga es "un documento vivo que reflejaba unos datos en 2024" y, por tanto, debe ser renovado con las aportaciones de la patronal del alquiler turístico Habtur, las navieras o la Federación Empresarial Balear de Transportes.
"No nos escondemos, sabemos que es un trabajo complicado. Nosotros decimos sí y con valentía queremos ir de la mano del sector. Nunca haremos una ley en contra de nadie", afirma Rubio, reprochando a la oposición "tener prisa" y acusándola de no buscar consenso. También recuerda que "al final fue un gobierno del PP quien limitó la entrada en Ibiza".
La portavoz socialista en el Consell y expresidenta de la institución insular, Catalina Cladera, replica que la propuesta registrada es "la misma que presentó el Consell, con algunos complementos", elaborada por técnicos y basada en las leyes de Formentera e Ibiza. "Coincidimos la mayoría menos Vox. Tiene apoyo político y demanda social", afirma la socialista, mostrándose dispuesta a aprobar "su ley de una vez por todas".
Cladera acusa a Galmés de "ir de farol" y de perder su credibilidad por no aprobar la medida: "Hoy queda claro que la ley no se aprueba porque el PP y Galmés no quieren". A su juicio, la isla afronta "otro año perdido" mientras se acerca una nueva temporada turística con las carreteras saturadas: "¿Es Vox quien le dice que no apruebe la ley? Deje de ser su copiloto y mande en esta tierra".
Desde Més per Mallorca, el tono fue especialmente duro. La portavoz, Catalina Inés Perelló, considera que el PP "ha decidido que no haya limitación de vehículos en Mallorca" y acusa al equipo de gobierno de encadenar "anuncios, titulares y buenas intenciones" sin traducirlos en "ningún límite efectivo ni propuesta valiente".
Recuerda que, según el propio estudio de carga encargado por el Consell, "sobran más de 120.000 vehículos", una cifra que, subraya, no procede de la oposición sino de informes técnicos internos. "La ciudadanía sigue sufriendo atascos, saturación y una pérdida evidente de calidad de vida. Cada temporada turística es peor que la anterior", advierte.
Para Més, la cuestión ya no es técnica sino política y siembran dudas sobre la estrategia de diálogo con navieras y rent a car, al considerar que la "satisfacción expresada tras esas reuniones genera dudas legítimas". "No nos podemos permitir otra temporada sin regulación. El tiempo de las excusas se ha acabado", zanja, exigiendo un "compromiso valiente y firme".
En una línea similar pero con apelación explícita al modelo de isla, El Pi, a través de su portavoz Toni Salas, defiende que Mallorca "va tarde" tanto para regular la entrada de coches como para frenar la sobrepoblación y reorientar el modelo económico hacia la sostenibilidad.
Salas sostiene que el ritmo de crecimiento tanto de población como de coches es "insostenible" y que debe priorizarse a los mallorquines "para asegurar nuestra pervivencia en nuestra tierra". No obstante, reclama que cualquier regulación se construya "con consenso, con diálogo franco con las patronales", evitando cargar el esfuerzo exclusivamente sobre la empresa privada o imponer más burocracia a los ayuntamientos.
El Pi defiende ayudar a los consistorios a desarrollar planes de movilidad urbana, reforzar el transporte público y aprobar leyes "que faciliten la vida y la pervivencia de los mallorquines", insistiendo en que la regulación debe buscar equilibrio entre actividad económica y calidad de vida.
Vox, a través de su portavoz Toni Gili, rechaza de plano la propuesta, que califica como "la consumación del fracaso de sus políticas de movilidad". A su juicio, la movilidad se resuelve "construyendo carreteras" y facilitando que la gente pueda desplazarse "de un sitio a otro", no restringiendo entradas.
Gili enmarca la iniciativa en un supuesto intento de "limitar el movimiento de todos los españoles" y denuncia que podría generar "españoles de primera y españoles de segunda". "¿Por qué los peninsulares no pueden entrar o tienen que pagar para entrar en Mallorca?", plantea, defendiendo que "todos los españoles debemos poder circular libremente por España".
El portavoz de Vox va más allá al vincular la regulación del tráfico con el debate migratorio, criticando que se hable de limitar vehículos mientras no se limita la inmigración irregular. "Esta regulación es el fracaso del bipartidismo", afirma, asegurando que su formación está "radicalmente en contra" porque la propuesta "no soluciona absolutamente nada".
Por su parte, la portavoz del PP, Nuria Riera, justifica la abstención popular acusando a la izquierda de "no mover un dedo en ocho años" y de registrar ahora "de mala manera" un texto que, a su juicio, copia el borrador del Consell sin respetar el consenso prometido. "Han incluido barbaridades populistas y obligaciones a los ayuntamientos", sostiene.
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