Pablo Ruz defiende la ordenación de las parcelas de alquiler de coches, pero rechaza los aparcamientos de vehículos en suelo rural
DIARIO INFORMACION - V.L. DELTELL - 15 de Junio de 2.026
El Ayuntamiento de Elche prepara las primeras órdenes de cierre de campas de vehículos en el entorno de Torrellano y El Altet por incumplimiento de la normativa. El alcalde, Pablo Ruz, anunciaba este lunes que el Gobierno municipal está ultimando la clausura de alguna de estas instalaciones después de las inspecciones realizadas en las últimas semanas y del periodo de audiencia concedido a las empresas afectadas. El regidor situaba esta actuación dentro del proceso abierto para ordenar la proliferación de campas vinculadas al aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, una actividad que durante los últimos años ha generado quejas vecinales por la transformación de suelo agrícola en grandes superficies de estacionamiento y por la falta de regulación específica. Esta situación ha provocado un aumento sobresaliente del tráfico rodado, de turismos pero sobre todo de camiones de grandes dimensiones que transportan coches, en las carreteras entre Torrellano, El Altet y el aeródromo. Los vecinos han denunciado las molestias que causan estos negocios y, sobre todo, la inseguridad en el tránsito.
“Estamos ahora con las inspecciones. Estuvimos hace dos semanas y esta semana volvemos a tener comisión de seguimiento del problema de las campas”, explicaba Ruz, quien defendía que el Ayuntamiento ha sido “muy firme” desde que la junta de gobierno acordó impulsar una modificación del Plan General para ordenar esta actividad mediante una herramienta urbanística. Según el primer edil, desde esa decisión municipal no se han vuelto a instalar nuevas campas. “Desde que se acordó esa resolución en la junta de gobierno, la de promover la ordenación a través de una modificación del Plan General, como bien sabéis, y a través de una herramienta urbanística, no se han vuelto a instalar más campas porque no se puede y ahora mismo está totalmente paralizado”, señalaba.
Ruz aseguraba, a preguntas de INFORMACIÓN, que la Policía Local ha intervenido ya en cerca de 60 instalaciones, solicitando la documentación correspondiente. Tras ese proceso, el Ayuntamiento se dispone a actuar contra aquellas que no acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos. “La Policía ha intervenido en cerca de 60 campas solicitando documentación y, después del periodo de audiencia, si no se han cerrado ya estaremos a punto de clausurar alguna que sabemos que no cumple”, afirmaba.
El alcalde añadía que el problema no es nuevo y que viene de lejos. “Meses no, años, décadas”, indicaba al referirse al tiempo durante el que se ha ido consolidando esta actividad en el entorno del aeropuerto.
La segunda novedad planteada por Ruz afecta al tipo de campas que el Ayuntamiento considera necesarias. El alcalde diferenciaba entre las instalaciones destinadas a dar servicio a empresas de alquiler de vehículos y aquellas utilizadas como aparcamientos de coches para usuarios del aeropuerto.
“Las campas son necesarias, sí. ¿Cuáles son necesarias? Las campas de alquiler de vehículos, no las campas de aparcamiento de vehículos”, señalaba. Con esta distinción, el máximo responsable del Gobierno local daba a entender que pretenden ordenar una realidad vinculada al funcionamiento del aeropuerto, pero al mismo tiempo limitar los usos que, según el Ayuntamiento, han contribuido a generar un crecimiento descontrolado en suelo rural. Ruz admitía que la situación ha derivado en “un absoluto caos” y defendía que el papel del Ayuntamiento es poner orden en una actividad que afecta especialmente a las partidas de Torrellano y El Altet. “El Ayuntamiento y el Gobierno están haciendo lo que tienen que hacer, que es ordenar. Gobernar es ordenar”, afirmaba.
El alcalde aseguraba que los vecinos de Torrellano han estado informados del proceso y que han reclamado rapidez y contundencia. “Han estado al tanto y es verdad que nos han pedido celeridad y firmeza y, por supuesto, somos firmes”, añadía. Esta misma semana está prevista una nueva reunión de seguimiento.
La posición expresada ahora por Ruz llega después de años de controversia por el crecimiento de estos negocios en el entorno del aeropuerto. En especial, por las denuncias vecinales sobre la implantación de grandes campas para vehículos de alquiler y aparcamiento en parcelas rurales.
La polémica se intensificó a mitad de marzo, cuando residentes de Torrellano alertaron de la apertura de una macrocampa para vehículos de alquiler con capacidad para 5.000 coches en las inmediaciones del aeropuerto Alicante-Elche. La Asociación de Vecinos Vial del Aeropuerto, a través de su presidente, Juan José Mateo, denunció entonces que la situación seguía siendo similar a la de años anteriores, aunque con un problema cada vez más grave.
Mateo llegó a sostener que los negocios de rent-a-car “crecen como setas” entre Torrellano y El Altet y cifró en más de 120 las actividades de este tipo en la zona, una cantidad que el Gobierno municipal no ha confirmado públicamente -hasta el momento se habla de unas 60 negocios inspeccionados-. Los vecinos denunciaban la desaparición progresiva de terrenos de cultivo para convertirse en aparcamientos y campas de coches, así como la falta de intervención municipal.
En abril, una respuesta del propio Ayuntamiento a una pregunta registrada por la portavoz de Compromís, Esther Díez, elevó la presión sobre el bipartito. El Gobierno de PP y Vox admitió entonces que durante 2024 y 2025 no se había concedido ninguna licencia para campas de aparcamiento de vehículos de corta estancia en el término municipal y que tampoco se habían abierto inspecciones ni expedientes relacionados con estas actividades en esos dos ejercicios.
Compromís interpretó esa respuesta como la prueba de que no se estaban aplicando controles suficientes pese a las quejas vecinales. Díez acusó al alcalde de permitir que estas actividades proliferaran en la zona este del Camp d’Elx sin límites ni regulación y reclamó retomar la tramitación urbanística que, según la formación, ya se había iniciado en el mandato anterior mediante un plan especial.
El Gobierno municipal defiende ahora que el escenario ha cambiado con la apertura de inspecciones, la petición de documentación a unas 60 instalaciones y la preparación de las primeras clausuras. El objetivo, según Ruz, es regular mediante una modificación del Plan General qué actividades pueden implantarse, en qué condiciones y bajo qué límites.
Con las primeras órdenes de cierre en preparación, el Ayuntamiento pretende trasladar que la fase de diagnóstico y advertencia empieza a dar paso a medidas concretas contra las instalaciones que no cumplan. La clave estará ahora en cómo se concreta la modificación urbanística anunciada y en qué criterios establece para diferenciar entre las campas que el gobierno local considera necesarias y aquellas que quiere dejar fuera del futuro modelo.
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