EL PERIODICO DE IBIZA - JUAN A. TORRES - Ibiza, 23 de Julio de 2.026

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recurrido ante la jurisdicción contencioso-administrativa el sistema de asignación de autorizaciones para vehículos de alquiler sin conductor aprobado por el Consell d’Eivissa para las temporadas de verano de 2026 y 2027 al considerar que favorece a las empresas ya implantadas y restringe de forma injustificada la competencia. El organismo ha adoptado la misma decisión respecto a Formentera, donde ha presentado su cuarta impugnación consecutiva contra la regulación de limitación de vehículos.

La CNMC señala que no cuestiona la capacidad de los consells insulars para limitar la entrada de vehículos por razones medioambientales y de sostenibilidad, tal y como permite la Ley 5/2024 en el caso de Ibiza y la Ley 7/2019 en Formentera. Su discrepancia se centra exclusivamente en el sistema elegido para distribuir las autorizaciones entre las empresas de alquiler.

En el caso de Ibiza, el recurso se dirige contra el acuerdo del Consell que prevé conceder un máximo de 14.000 autorizaciones para vehículos de alquiler sin conductor durante las campañas estivales de 2026 y 2027.

Según la CNMC, el principal problema radica en que las primeras 12.000 autorizaciones se asignarán directamente a las empresas que ya obtuvieron permisos en 2025, un criterio basado en antecedentes históricos que, a su juicio, excluye a los nuevos operadores. El organismo recuerda además que el reparto del año pasado tampoco respondió a criterios competitivos, sino al orden de presentación de las solicitudes.

Las 2.000 autorizaciones restantes se distribuirán mediante un sistema de rondas que da prioridad a las empresas con mayor disponibilidad de plazas de aparcamiento, establecimiento abierto al público y personal suficiente para gestionar su flota. A partir de la segunda ronda también se tendrán en cuenta aspectos medioambientales y la antigüedad de los vehículos.

Para la CNMC, este modelo beneficia a las compañías ya asentadas en el mercado, dificulta la entrada de nuevos competidores y reduce los incentivos para competir en precios, calidad del servicio, innovación o variedad de la oferta, lo que termina perjudicando a los consumidores.

Aunque reconoce que este año se han incorporado criterios relacionados con la sostenibilidad y la renovación de la flota, el organismo considera que su impacto es muy limitado al aplicarse únicamente a una parte reducida de las autorizaciones.

Antes de presentar el recurso judicial, la CNMC requirió al Consell d’Eivissa para que modificara el mecanismo de reparto, aunque la institución insular no aceptó las modificaciones planteadas.

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